Operación Huracán.... La falsa investigación que Patricia Bullrich, ministra del Enésimo Reich Argentino, utiliza para reprimir al pueblo Mapuche
Como si se tratara
de un thriller de espionaje, la policía chilena armó una investigación con
chats y comunicaciones falsas para involucrar a comuneros mapuche en el tráfico
de armas y la quema de 29 camiones. La Operación Huracán, que desató un
escándalo en Chile y fue calificada por el Fiscal Nacional como un hecho
“gravísimo e inédito en el país”, fue utilizada por la ministra Patricia
Bullrich para perseguir a los mapuche en la Patagonia argentina y acusarlos de
terroristas, según publicó el periodista Ricardo Ragendorfer.
Por Macarena Garcia
Lorca para Cosecha Roja
Alex Smith Leay es
chileno y tiene 40 años. En la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Temuco
lo llamaban El Profesor. Es el creador del software Antorcha, que permite
interceptar conversaciones por Whatsapp y Telegram, y Tubicación, que sirve
para geolocalizar celulares. Con esas herramientas la Policía investigó a los
ocho comuneros mapuche que fueron acusados y detenidos por la quema de 29
camiones en el sur del país.
El Profesor había llegado
a la Unidad de Inteligencia de Carabineros con un extenso curriculum: dos
títulos de ingeniero, una especialización como analista programador y otra como
administrador de empresas. Gracias al software que creó la policía
interceptó chats entre una persona apodada Matute y otra apodada Negro en
el que hablaban de tráfico de armas desde Argentina.
—Matute: LISTADO:
ESCOPETA 6, REVOLVER 10, PISTOLAS 12, FUSIL 2, MUNICIONES 250 CARTUCOS
(cartuchos), APROX 550 BALAS 38, 84 balas 9.
—Negro: De
Argentina me van a llegar. El 15
En otras
conversaciones las mismas personas hablan sobre la preparación de los ataques
incendiarios a los camiones de las empresas forestales y anuncian futuras
acciones violentas.
—Matute: “el
viernes de fuego es el 11”
—Negro: “tiene que
estar coordinado con el de tirua”.
—Negro: “yo estoy
pinchado… por eso hay que desviar”.
Las pruebas eran
contundentes. Con esta evidencia, la Fiscalía pidió la detención inmediata de
los ocho comuneros, entre ellos Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco
Malleco (CAM) bajo la ley Antiterrorista. Tribunales accedió.
El 23 de septiembre
del año pasado, el aparato de Inteligencia de la policía desplegó un inmenso
operativo con helicópteros y allanamientos simultáneos en las comunidades. Las
imágenes en la televisión exhibían el llanto de los niños mapuches y a las
familias de los comuneros denunciando la represión policial. La Operación
Huracán, como se la llamó, fue aplaudida por la clase política y los
empresarios de La Araucanía, que desde hace años exigen mano dura en el
conflicto mapuche.
Los comuneros
quedaron en prisión preventiva a la espera del juicio. Arriesgaban penas
altísimas por asociación ilícita de carácter terrorista, una legislación
condenada por organismos internacionales de Derechos Humanos.
Para el gobierno de
la socialista Michelle Bachelet, querellante en la causa, todo marchaba sobre
ruedas. Hasta que en enero el caso explotó. Los peritajes técnicos
demostraron que Carabineros había manipulado las pruebas. Los programas
diseñados por El Profesor Smith eran una farsa y los mensajes interceptados a
los comuneros habían sido implantados en los celulares después de haber sido
incautados. Ni siquiera tenían el formato de Whatsapp o Telegram: eran archivos
TXT. También se descubrió que los títulos profesionales que Smith había
presentado eran falsos.
La Fiscalía y la
policía se culparon mutuamente frente a las cámaras. El 25 de enero de 2018 la
Fiscalía ordenó el cierre de la investigación por la Operación Huracán y
anunció la apertura de una causa por manipulación de evidencia contra la
Dipolcar, la unidad de Inteligencia de Carabineros. El Fiscal Nacional, Jorge
Abott, calificó el hecho como “gravísimo e inédito en el país”. El descalabro
fue total y la tensión entre ambas instituciones fue en aumento.
El 26 de enero la
Fiscalía ordenó a la PDI, la policía civil de investigaciones y eterno rival de
Carabineros, incautar las computadoras de la Unidad de Inteligencia de la IX
Región donde se habían manipulado las pruebas. Carabineros se opuso a la orden
judicial. Rodearon el cuartel de fuerzas especiales e impidieron el ingreso del
fiscal y los funcionarios de investigaciones. Los investigadores se fueron sin
llevar adelante la diligencia.
El gobierno chileno
intentó superar el bochorno e insistió para que no cayera la causa contra los
responsables de la quema de camiones. Desde la Fiscalía argumentaron que no
estaban dadas las garantías mínimas para esclarecer los hechos.
El jefe máximo de
Carabineros, Bruno Villalobos, cortó el hilo por lo más delgado: despidió al
Profesor Smith y pasó a retiro a tres funcionarios policiales procesados por
falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. El
general a cargo de la Dirección de Inteligencia, Gonzalo Blu, todavía continúa
en el cargo y no hay responsables políticos por los hechos ocurridos en La
Araucanía.
Durante el proceso
los comuneros quedaron en libertad. A pesar de las pruebas falsas la Corte de
Apelaciones de Temuco decidió seguir adelante con la investigación. Ahora los
imputados deberán seguir defendiéndose ante la justicia y evalúan presentar una
demanda en contra del Estado de Chile.
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