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viernes, 25 de septiembre de 2015

EN LA SEXTA SECCIÓN CUESTA RESPIRAR JUSTICIA…. IRREGULARIDADES EN IMPUNIDAD EN BAHÍA BLANCA




Por Lucas Cremades

Fuente: Revista 23

La situación que atraviesa el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca demuestra lo áspera que puede ser la búsqueda de la verdad y la justicia, en un tribunal donde transitan densos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
El espeso informe de Alejo Ramos Padilla, ex juez federal de Dolores, designado en junio pasado como juez titular por el Consejo de la Magistratura ante la grave situación institucionaldocumentada por el Ministerio Público Fiscal sobre esa dependencia bahiense, refleja en hechos los actos de quienes hacen de la Justicia un elemento para ejercer un poder abroquelado de amigos y cómplices.
El diagnóstico de Padilla es un recuento del accionar de la Cámara Federal de Bahía Blanca, presidida hasta principios de septiembre por Néstor Montezanti, recientemente suspendido por el Consejo e imputado en la causa Triple A. Montezanti dio amparo en los últimos años al irregular accionar del subrogante a cargo del oscuro juzgado, Santiago Ulpiano Martínez.
La realidad que exhibe el informe de Ramos Padilla no conoce siquiera de casos parecidos: Detenidos sin indagar que llevaban meses (causa Triple A), prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo de la Magistratura, más de 40 panes de droga, y armas dispuestas en las distintitas secretarías, sin identificar y sin siquiera cumplir las condiciones mínimas de seguridad y custodia –más de medio centenar–”, detalla el juez en su diagnóstico dirigido al Consejo y luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El cuadro alarmante suma también el hallazgo de material estupefaciente a la intemperie, esto es en la terraza del juzgado, y detenidos de lesa humanidad alojados en las mismas dependencias –Delegación PFA Bahía Blanca desde donde con anterioridad se produjeron fugas”, como el caso del torturador Julián Corres, hoy fallecido. 
En el tribunal bahiense, además, se contabilizó la existencia de más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, guardados en armarios y cajones. Hasta hubo que convocar a un perito en explosivos cuando se encontró un proyectil de un “arma antiaérea” descripto como material explosivo en condiciones de detonar. Estaba acompañado con un sobre que decía Carátula 3-20636-OJO: Está activado”.
Además de dar intervención al RENAR para custodiar el armamento, Ramos Padilla da cuenta de que se borraron archivos y registros de utilidad de la Secretaría de Derechos Humanosdel juzgado.
El dato no es menor: allí radican dos megacausas por delitos de lesa humanidad que involucran a 750 víctimas y cerca de 100 imputados entre militares, policías y personal civil como el empresario Vicente Massot, director del diario local La Nueva Provincia, acusado de complicidad civil con la represión y beneficiado con una falta de mérito por un juez ad-hoc local, Santiago Martínez, y su secretario Mario Fernández Moreno, entonces a cargo del polémico juzgado 1, y la cámara formada por los ex magistrados Hugo Sierra, Gloria Gorriti y el mismo Montezanti. A Montezanti, Ramos Padilla le prohibió salir del país, luego de que se ausentara –amparándose en sus fueros– a tres citaciones a indagatoria. Esto ocurrió pocos días después de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera y aprobara el inicio del proceso de juicio político contra el magistrado, acusado de integrar la Triple A.
La maraña de irregularidades perpetradas en el Juzgado 1 ya había sido advertida a Magistratura por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia en diciembre pasado, cuando recusaron por falta de imparcialidad en las causas de lesa humanidad a Martínez y a su secretario Fernández Moreno. Fueron los operadores visibles de la artimaña que le permitió al defensor del empresario periodístico apartar al juez Álvaro Coleffi cuando debía pronunciarse sobre la situación de Massot y de Hugo Sierra, íntimo amigo de Ulpiano Martínez. Entonces, los fiscales recusaron a Martínez por su generalizada práctica de obstaculización que pone en riesgo los procesos”, a la vez que recordaron su “intento de fragmentar y descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos”, revertido por la Cámara, y su rechazo a investigar delitos sexuales, aun cuando la Cámara se lo ordenó.
El caótico estado del juzgado federal fue denunciado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la regional bahiense de H.I.J.O.S. a través de un escrito dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en el que solicitaron mayor cantidad de personal y medios adecuados para el normal funcionamiento del juzgado, donde hay atraso, desaparición de la información sobre causas e imputados y más de 60 imputados con indagatoria pendiente desde hace más de dos años en expedientes donde se investigan robo de niños y la actuación de organismos paraestatales con carácter previo al golpe de estado de 1976, entre otras anomalías.
En 33 años de labor judicial, no recuerdo que se haya vivido en democracia una situación de conflicto tan intensa y prolongada como la que ocurre en Bahía Blanca”, señaló meses atrás la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela A. Vázquez. Sin nombrarlo, hacía referencia a Montezanti, entonces a cargo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, ente responsable de monitorear y controlar el funcionamiento del juzgado que, además de armas, escondía pruebas.
El urgente pedido del juez Alejo Ramos Padilla a la Corte Suprema luego de comprobar el estado del juzgado que hoy tiene a cargo deja al descubierto no sólo la importancia de la participación del Consejo para terminar de correr el telón que ocultaba la desprolija gestión del secretario Ulpiano Martínez como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1, la de su secretario Mario Moreno y la del polémico juez Montezanti, sino también para dejar al descubierto la complicidad local de la corporación judicial para prolongar la impunidad.


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