Por Lucas Cremades
Fuente: Revista 23
La situación que atraviesa el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca
demuestra lo áspera que puede ser la búsqueda de la verdad y la justicia, en un
tribunal donde transitan densos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura militar.
El espeso informe de Alejo Ramos Padilla,
ex juez federal de Dolores, designado en junio pasado como juez titular por el
Consejo de la Magistratura ante “la grave situación institucional” documentada por el Ministerio Público
Fiscal sobre esa dependencia bahiense, refleja en hechos los actos de quienes
hacen de la Justicia un elemento para ejercer un poder abroquelado de amigos y
cómplices.
El diagnóstico de Padilla es un recuento del accionar de la Cámara
Federal de Bahía Blanca, presidida hasta principios de septiembre por Néstor Montezanti,
recientemente suspendido por el Consejo e imputado en la causa Triple A.
Montezanti dio amparo en los últimos años al irregular accionar del subrogante
a cargo del oscuro juzgado, Santiago Ulpiano Martínez.
La realidad que exhibe el informe de Ramos Padilla no conoce siquiera de casos parecidos:
“Detenidos
sin indagar que llevaban meses (causa Triple A), prisiones preventivas vencidas y no informadas al
Consejo de la Magistratura, más de 40 panes de droga, y armas dispuestas en las
distintitas secretarías, sin identificar y sin siquiera cumplir las condiciones
mínimas de seguridad y custodia –más de medio
centenar–”, detalla el juez en su diagnóstico dirigido al Consejo y luego a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. El cuadro alarmante suma también el
hallazgo de “material estupefaciente a la
intemperie, esto es en la terraza del juzgado, y detenidos de lesa humanidad
alojados en las mismas dependencias –Delegación PFA Bahía Blanca– desde donde con anterioridad se produjeron
fugas”, como el caso del
torturador Julián Corres,
hoy fallecido.
En el tribunal bahiense, además, se contabilizó la existencia de más de
ochenta pistolas, revólveres y escopetas, guardados en armarios y cajones.
Hasta hubo que convocar a un perito en explosivos cuando se encontró un
proyectil de un “arma antiaérea” descripto como “material
explosivo en condiciones de detonar”. Estaba acompañado con un sobre que decía “Carátula
3-20636-OJO: Está activado”.
Además de dar intervención al RENAR para custodiar el armamento, Ramos
Padilla da cuenta
de que “se borraron archivos y registros de utilidad de la
Secretaría de Derechos Humanos”
del juzgado.
El dato no es menor: allí radican dos megacausas por delitos de lesa
humanidad que involucran a 750 víctimas y cerca de 100 imputados entre
militares, policías y personal civil como el empresario Vicente
Massot, director del diario local La Nueva Provincia, acusado
de complicidad civil con la represión y beneficiado con una falta de mérito por
un juez ad-hoc local, Santiago Martínez,
y su secretario Mario Fernández Moreno,
entonces a cargo del polémico juzgado 1, y la cámara formada por los ex
magistrados Hugo Sierra, Gloria
Gorriti y el
mismo Montezanti. A Montezanti, Ramos
Padilla le
prohibió salir del país, luego de que se ausentara –amparándose en sus fueros–
a tres citaciones a indagatoria. Esto ocurrió pocos días después de que el
Consejo de la Magistratura lo suspendiera y aprobara el inicio del proceso de
juicio político contra el magistrado, acusado de integrar la Triple A.
La maraña de irregularidades perpetradas en el Juzgado 1 ya había sido
advertida a Magistratura por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia en diciembre pasado, cuando recusaron
por falta de imparcialidad en las causas de lesa humanidad a Martínez y
a su secretario Fernández Moreno.
Fueron los operadores visibles de la artimaña que le permitió al defensor del
empresario periodístico apartar al juez Álvaro Coleffi cuando debía pronunciarse sobre la
situación de Massot y
de Hugo Sierra,
íntimo amigo de Ulpiano Martínez.
Entonces, los fiscales recusaron a Martínez por
su “generalizada práctica de obstaculización que pone
en riesgo los procesos”, a la vez que recordaron su “intento de fragmentar y
descomponer” la causa en “expedientes aislados e inconexos”, revertido por la Cámara, y su rechazo
a investigar delitos sexuales, aun cuando la Cámara se lo ordenó.
El caótico estado del juzgado federal fue denunciado por la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos y la regional bahiense de H.I.J.O.S. a
través de un escrito dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Lorenzetti, en el que solicitaron “mayor
cantidad de personal y medios adecuados” para el normal funcionamiento del juzgado, donde hay “atraso,
desaparición de la información sobre causas e imputados y más de 60 imputados
con indagatoria pendiente desde hace más de dos años en expedientes donde se
investigan robo de niños
y la actuación de organismos paraestatales con carácter previo al golpe de
estado de 1976”, entre
otras anomalías.
“En 33 años de labor
judicial, no recuerdo que se haya vivido en democracia una situación de
conflicto tan intensa y prolongada como la que ocurre en Bahía Blanca”, señaló meses atrás la presidenta del Consejo de la
Magistratura, Gabriela A. Vázquez.
Sin nombrarlo, hacía referencia a Montezanti,
entonces a cargo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, ente responsable de
monitorear y controlar el funcionamiento del juzgado que, además de armas,
escondía pruebas.
El urgente pedido del juez Alejo Ramos Padilla a la Corte Suprema luego de comprobar
el estado del juzgado que hoy tiene a cargo deja al descubierto no sólo la
importancia de la participación del Consejo para terminar de correr el telón
que ocultaba la desprolija gestión del secretario Ulpiano
Martínez como
juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1, la de su secretario Mario
Moreno y la del
polémico juez Montezanti, sino
también para dejar al descubierto la complicidad local de la corporación
judicial para prolongar la impunidad.
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