AQUÍ LA VERDAD HISTÓRICA: Fragmento del
Mensaje del 21 de Mayo de 1973 del Presidente de Chile, Salvador Allende, ante
el Congreso...
LA DEMOCRACIA Y LA PAZ CÍVICA ESTÁN AMENAZADAS
Que el Presidente de la República informe, en esta significativa fecha,
al Congreso Pleno sobre el estado administrativo, económico y político del
país, es parte de nuestra tradición. Sin embargo, en esta oportunidad, ella
adquiere un sentido excepcional, en virtud de las circunstancias en que se ha
desenvuelto la vida de Chile en el último año.
Este mi tercer Mensaje, tiene el valor de reafirmar la continuidad del
régimen democrático dentro del cual fue elegido el actual Gobierno. De manera
insistente e infatigable, en los últimos doce meses –a través de las
modalidades más diversas – se han manifestado fuerzas sociales animadas por el
propósito de socavar la convivencia cívica.
Más que a los problemas económicos coyunturales por los que atravesamos,
el Gobierno atribuye mayor trascendencia a la real y seria amenaza que pesa
sobre nuestra democracia. Como pueblo y como Nación pocos peligros aparecen más
graves, ya que la quiebra de la paz civil supondría el fracaso de nuestra
capacidad política colectiva para resolver los problemas de la comunidad por
Medios distintos de la violencia física que algunos buscan obsesivamente.
Enfrentamiento cuyas trágicas consecuencias acarrearían un profundo drama
humano, además de catastróficos efectos económicos.
Régimen democrático y paz civil se implican de manera recíproca y lo que
atenta contra uno atenta directamente contra el otro. Sólo en la medida que
logremos mantener operantes y activos los mecanismos democráticos, podrá Chile
vencer a quienes anhelan la violencia para imponer sus propósitos.
Hoy adquiere mayor realismo lo que anticipara en mi primer Mensaje. “Si
la violencia, interna o externa, en cualquiera de sus formas –física,
económica, social o política-, llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y
las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la
continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el
pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación
de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo
que, con legítimo orgullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al
socialismo”
Aumenta la resistencia, cuando más avanza la realización de las medidas
revolucionarias y con mayor claridad aparece, a los que siempre dominaron, que
su hegemonía social está amenazada definitivamente, que su modo de vida y
escala de valores son desafiados por otra concepción de la sociedad.
El enfrentamiento diario entre conservación y revolución, del que somos
protagonistas, ha acumulado una densa carga de violencia social que, hasta el
momento, ha sido posible contener dentro de límites razonables o sofocar cuando
los ha desbordado. El vigor de los mecanismos democráticos ha contribuido
decisivamente a que la energía de las fuerzas antagónicas se manifieste, por lo
general, a través de los canales regulares que nuestro sistema político
contempla. De ahí el ataque frontal de que es objeto el régimen de democracia
por quienes, a través de la desobediencia civil o de la insurrección, desearían
imponer su dictadura.
El Gobierno ha cumplido y cumplirá su deber de preservar el orden
público, al mismo tiempo que impulsa la transformación de la sociedad.
Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, el orden público ha dejado de
estar al servicio del sistema capitalista y es hoy un factor coadyuvante del
avance del proceso revolucionario. Por esta razón, seremos cada vez más
estrictos en aplicar el imperio de la ley a quienes buscan destruir los
fundamentos de nuestra convivencia. No son los campesinos, hambrientos de pan y
de justicia, que se toman -procedimiento que no compartimos- un pedazo de
tierra para trabajarla, quienes amenazan la paz. Para ellos, el desarrollo de
la revolución significa liberarse de su explotación secular. Son más bien
aquellos que no toman nada; porque lo tienen todo, pero que están obsesionados
en crear condiciones de una guerra civil, los verdaderos propulsores de la
violencia.
Atacan a las autoridades administrativas porque interpretan ciertas
normas legales según criterios distintos a los usados para mantener el sistema
capitalista. Pero quitan importancia al hecho de que determinados sectores no
se detienen en cuestiones de hermenéutica legal, sino que intentan desvirtuar
la Constitución, para convertirla en parlamentarista o, lisa y llanamente,
derribar al Gobierno.
Reprochan a las autoridades no poner la fuerza pública al servicio
irrestricto de los intereses capitalistas y en contra de los trabajadores;
pero, al mismo tiempo, buscan enfrentar a campesinos contra campesinos, obreros
con obreros y a todos ellos con los técnicos y profesionales.
Los trabajadores, los sectores democráticos y patriotas, partidarios o
no de la Unidad Popular –es decir, la inmensa mayoría de los chilenos – deben
estar vigilantes para defender la democracia y la paz interna. Para nadie puede
ser un secreto que el problema clave que estamos viviendo es la crisis
generalizada del orden tradicional, mientras dificultosamente emerge una nueva
estructura de relaciones sociales.
BUSCAN LA CRISIS DEL ESTADO
Muchos son los factores de los cuales dependerá el desarrollo de nuestra
vida colectiva. Hay dos, sin embargo, de una importancia esencial: la parálisis
del aparato del Estado y la crisis económica.
Hace exactamente un año manifesté, en este mismo recinto, que “me asiste
la plena convicción de que si hoy el régimen institucional continúa actuando
regularmente es porque las fuerzas populares, dentro de él, lo están
sosteniendo. Pero si las instituciones tienen su más sólido respaldo en los
trabajadores, es porque no se han mostrado cerradas a su ascenso”. Lo ocurrido
en los últimos meses ha confirmado elocuentemente la primera parte de mi
afirmación. Sin la conjunción de los trabajadores y de las Fuerzas Armadas y de
Orden, el aparato del Estado se hubiera roto, con las graves consecuencias que
es dable imaginar.
A lo largo de los últimos dos años el Estado ha venido perdiendo
flexibilidad para admitir cambios institucionales. Los mecanismos legislativos,
en vez de innovar en la regulación y ordenamiento de la pujante dinámica
social, aparecen prácticamente anquilosados.
En mi segundo Mensaje anticipé que “pocos peligros más graves acechan al
régimen legal que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos en medio del
actual período de transformaciones profundas aceleradas. Por eso, el Gobierno
no cejará en impulsar la actividad legislativa de modo correspondiente a las
exigencias de la realidad actual”. Sin embargo, las iniciativas de necesidad
más apremiantes, tales como el castigo de los delitos económicos, los
Ministerios de la Familia y del Mar, la estructuración del Área de Propiedad
Social, la participación (le los trabajadores, la que otorga financiamiento a
las corporaciones municipales, las empresas bajo régimen de autogestión, y
muchas otras de tanta o mayor importancia, no han podido ser convertidas en
normas jurídicas.
No me cabe intervenir en el uso que la mayoría del Congreso hace de las
facultades que le son privativas. Pero no puedo menos que constatar su acción
fiscalizadora sobre la gestión del Ejecutivo, de una intensidad sin
precedentes. En 1972, la Cámara de Diputados designó ocho comisiones
investigadoras sobre actuaciones de la Administración Pública. Dos intendentes
fueron acusados y destituidos por el Senado. Se acusa a Mete Ministros y dos de
ellos son destituidos. En cada una de estas oportunidades, el Ejecutivo expresó
con claridad su criterio, jurídico-constitucional discrepante.
Corresponde al Presidente de la República la administración y gobierno
del país. He ejercido y ejercitaré la plenitud de s prerrogativas. Cuando, en
el uso de sus facultades, el Ejecutivo y el Congreso difieren en torno del
ámbito de sus atribuciones exclusivas, la Constitución contempla dos
instituciones específicamente destinadas a resolver los conflictos por medios
jurisdiccionales o políticos, evitando así los peligros del enfrentamiento
entre poderes del Estado. En las divergencias surgidas hasta el momento, tanto
el Congreso como el Gobierno han requerido, en diversas oportunidades, al
Tribunal Constitucional, la instancia más ágil, rápida y expedita de que
dispone nuestro régimen político para resolver este tipo de problemas. Siendo
dicho organismo independiente y autónomo, no podemos sino condenar duramente
las campañas interesadas de los sectores que buscan inhabilitarlo amenazando,
de esta forma, el estado de Derecho.
El otro instrumento constitucional establecido para dirimir las
diferencias entre los poderes co-legisladores, la consulta plebiscitaria, será
invocada por el Gobierno en las circunstancias y materias que estime
procedentes y necesarias para el país. Recalco que la convocatoria de un
plebiscito es prerrogativa exclusiva del Presidente de la República y que, por
encima de toda otra consideración, cumpliré con mi deber de imponer que se
ajuste estrictamente a las normas establecidas en nuestra Carta Fundamental.
"Aumenta la resistencia, cuando más avanza la realización de las medidas revolucionarias y con mayor claridad aparece, a los que siempre dominaron, que su hegemonía social está amenazada definitivamente, que su modo de vida y escala de valores son desafiados por otra concepción de la sociedad."Con la verdad imponente de un enunciado de una ley de la fisica .Tal cual.Que nunca se olvide que al momento del golpe Chile contaba con 30 anios de democracia sin interrupciones.
ResponderEliminarGracias por acercar este fragmento, Gustavo. Salvador Allende es uno de los más lúcidos dirigentes que hemos tenido por acá, en el Sur del mundo. No por nada su derrocamiento y su muerte: le apuntaron a él sabiendo bien qué estaban haciendo. No solamente Chile: al derrocarlo también tiraban abajo las esperanzas de otros pueblos.
ResponderEliminarUn abrazo,
Esther