11 DE SEPTIEMBRE – SALVADOR ALLENDE, EL COMPAÑERO PRESIDENTE






AQUÍ LA VERDAD HISTÓRICA: Fragmento del Mensaje del 21 de Mayo de 1973 del Presidente de Chile, Salvador Allende, ante el Congreso...




LA DEMOCRACIA Y LA PAZ CÍVICA ESTÁN AMENAZADAS

Que el Presidente de la República informe, en esta significativa fecha, al Congreso Pleno sobre el estado administrativo, económico y político del país, es parte de nuestra tradición. Sin embargo, en esta oportunidad, ella adquiere un sentido excepcional, en virtud de las circunstancias en que se ha desenvuelto la vida de Chile en el último año.
Este mi tercer Mensaje, tiene el valor de reafirmar la continuidad del régimen democrático dentro del cual fue elegido el actual Gobierno. De manera insistente e infatigable, en los últimos doce meses –a través de las modalidades más diversas – se han manifestado fuerzas sociales animadas por el propósito de socavar la convivencia cívica.
Más que a los problemas económicos coyunturales por los que atravesamos, el Gobierno atribuye mayor trascendencia a la real y seria amenaza que pesa sobre nuestra democracia. Como pueblo y como Nación pocos peligros aparecen más graves, ya que la quiebra de la paz civil supondría el fracaso de nuestra capacidad política colectiva para resolver los problemas de la comunidad por Medios distintos de la violencia física que algunos buscan obsesivamente. Enfrentamiento cuyas trágicas consecuencias acarrearían un profundo drama humano, además de catastróficos efectos económicos.
Régimen democrático y paz civil se implican de manera recíproca y lo que atenta contra uno atenta directamente contra el otro. Sólo en la medida que logremos mantener operantes y activos los mecanismos democráticos, podrá Chile vencer a quienes anhelan la violencia para imponer sus propósitos.
Hoy adquiere mayor realismo lo que anticipara en mi primer Mensaje. “Si la violencia, interna o externa, en cualquiera de sus formas –física, económica, social o política-, llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de Derecho, las libertades políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que, con legítimo orgullo y realismo histórico, denominamos la vía chilena al socialismo”
Aumenta la resistencia, cuando más avanza la realización de las medidas revolucionarias y con mayor claridad aparece, a los que siempre dominaron, que su hegemonía social está amenazada definitivamente, que su modo de vida y escala de valores son desafiados por otra concepción de la sociedad.
El enfrentamiento diario entre conservación y revolución, del que somos protagonistas, ha acumulado una densa carga de violencia social que, hasta el momento, ha sido posible contener dentro de límites razonables o sofocar cuando los ha desbordado. El vigor de los mecanismos democráticos ha contribuido decisivamente a que la energía de las fuerzas antagónicas se manifieste, por lo general, a través de los canales regulares que nuestro sistema político contempla. De ahí el ataque frontal de que es objeto el régimen de democracia por quienes, a través de la desobediencia civil o de la insurrección, desearían imponer su dictadura.
El Gobierno ha cumplido y cumplirá su deber de preservar el orden público, al mismo tiempo que impulsa la transformación de la sociedad. Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, el orden público ha dejado de estar al servicio del sistema capitalista y es hoy un factor coadyuvante del avance del proceso revolucionario. Por esta razón, seremos cada vez más estrictos en aplicar el imperio de la ley a quienes buscan destruir los fundamentos de nuestra convivencia. No son los campesinos, hambrientos de pan y de justicia, que se toman -procedimiento que no compartimos- un pedazo de tierra para trabajarla, quienes amenazan la paz. Para ellos, el desarrollo de la revolución significa liberarse de su explotación secular. Son más bien aquellos que no toman nada; porque lo tienen todo, pero que están obsesionados en crear condiciones de una guerra civil, los verdaderos propulsores de la violencia.
Atacan a las autoridades administrativas porque interpretan ciertas normas legales según criterios distintos a los usados para mantener el sistema capitalista. Pero quitan importancia al hecho de que determinados sectores no se detienen en cuestiones de hermenéutica legal, sino que intentan desvirtuar la Constitución, para convertirla en parlamentarista o, lisa y llanamente, derribar al Gobierno.
Reprochan a las autoridades no poner la fuerza pública al servicio irrestricto de los intereses capitalistas y en contra de los trabajadores; pero, al mismo tiempo, buscan enfrentar a campesinos contra campesinos, obreros con obreros y a todos ellos con los técnicos y profesionales.
Los trabajadores, los sectores democráticos y patriotas, partidarios o no de la Unidad Popular –es decir, la inmensa mayoría de los chilenos – deben estar vigilantes para defender la democracia y la paz interna. Para nadie puede ser un secreto que el problema clave que estamos viviendo es la crisis generalizada del orden tradicional, mientras dificultosamente emerge una nueva estructura de relaciones sociales.


BUSCAN LA CRISIS DEL ESTADO

Muchos son los factores de los cuales dependerá el desarrollo de nuestra vida colectiva. Hay dos, sin embargo, de una importancia esencial: la parálisis del aparato del Estado y la crisis económica.
Hace exactamente un año manifesté, en este mismo recinto, que “me asiste la plena convicción de que si hoy el régimen institucional continúa actuando regularmente es porque las fuerzas populares, dentro de él, lo están sosteniendo. Pero si las instituciones tienen su más sólido respaldo en los trabajadores, es porque no se han mostrado cerradas a su ascenso”. Lo ocurrido en los últimos meses ha confirmado elocuentemente la primera parte de mi afirmación. Sin la conjunción de los trabajadores y de las Fuerzas Armadas y de Orden, el aparato del Estado se hubiera roto, con las graves consecuencias que es dable imaginar.
A lo largo de los últimos dos años el Estado ha venido perdiendo flexibilidad para admitir cambios institucionales. Los mecanismos legislativos, en vez de innovar en la regulación y ordenamiento de la pujante dinámica social, aparecen prácticamente anquilosados.
En mi segundo Mensaje anticipé que “pocos peligros más graves acechan al régimen legal que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos en medio del actual período de transformaciones profundas aceleradas. Por eso, el Gobierno no cejará en impulsar la actividad legislativa de modo correspondiente a las exigencias de la realidad actual”. Sin embargo, las iniciativas de necesidad más apremiantes, tales como el castigo de los delitos económicos, los Ministerios de la Familia y del Mar, la estructuración del Área de Propiedad Social, la participación (le los trabajadores, la que otorga financiamiento a las corporaciones municipales, las empresas bajo régimen de autogestión, y muchas otras de tanta o mayor importancia, no han podido ser convertidas en normas jurídicas.
No me cabe intervenir en el uso que la mayoría del Congreso hace de las facultades que le son privativas. Pero no puedo menos que constatar su acción fiscalizadora sobre la gestión del Ejecutivo, de una intensidad sin precedentes. En 1972, la Cámara de Diputados designó ocho comisiones investigadoras sobre actuaciones de la Administración Pública. Dos intendentes fueron acusados y destituidos por el Senado. Se acusa a Mete Ministros y dos de ellos son destituidos. En cada una de estas oportunidades, el Ejecutivo expresó con claridad su criterio, jurídico-constitucional discrepante.
Corresponde al Presidente de la República la administración y gobierno del país. He ejercido y ejercitaré la plenitud de s prerrogativas. Cuando, en el uso de sus facultades, el Ejecutivo y el Congreso difieren en torno del ámbito de sus atribuciones exclusivas, la Constitución contempla dos instituciones específicamente destinadas a resolver los conflictos por medios jurisdiccionales o políticos, evitando así los peligros del enfrentamiento entre poderes del Estado. En las divergencias surgidas hasta el momento, tanto el Congreso como el Gobierno han requerido, en diversas oportunidades, al Tribunal Constitucional, la instancia más ágil, rápida y expedita de que dispone nuestro régimen político para resolver este tipo de problemas. Siendo dicho organismo independiente y autónomo, no podemos sino condenar duramente las campañas interesadas de los sectores que buscan inhabilitarlo amenazando, de esta forma, el estado de Derecho.
El otro instrumento constitucional establecido para dirimir las diferencias entre los poderes co-legisladores, la consulta plebiscitaria, será invocada por el Gobierno en las circunstancias y materias que estime procedentes y necesarias para el país. Recalco que la convocatoria de un plebiscito es prerrogativa exclusiva del Presidente de la República y que, por encima de toda otra consideración, cumpliré con mi deber de imponer que se ajuste estrictamente a las normas establecidas en nuestra Carta Fundamental.



Comentarios

  1. "Aumenta la resistencia, cuando más avanza la realización de las medidas revolucionarias y con mayor claridad aparece, a los que siempre dominaron, que su hegemonía social está amenazada definitivamente, que su modo de vida y escala de valores son desafiados por otra concepción de la sociedad."Con la verdad imponente de un enunciado de una ley de la fisica .Tal cual.Que nunca se olvide que al momento del golpe Chile contaba con 30 anios de democracia sin interrupciones.

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  2. Gracias por acercar este fragmento, Gustavo. Salvador Allende es uno de los más lúcidos dirigentes que hemos tenido por acá, en el Sur del mundo. No por nada su derrocamiento y su muerte: le apuntaron a él sabiendo bien qué estaban haciendo. No solamente Chile: al derrocarlo también tiraban abajo las esperanzas de otros pueblos.

    Un abrazo,
    Esther

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