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lunes, 10 de agosto de 2015

Elecciones en América Latina: Derechos sociales en contra del monopolio mediático por Emir Sader




para diario Público de España a partir de su blog A Contracorriente..


Los escenarios electorales se repiten de forma muy similar en los países de gobiernos posneoliberales de América Latina: a las candidaturas de estos gobiernos se oponen siempre los partidos de derechas. La izquierda se caracteriza por políticas sociales redistributivas, mientras que los gobiernos posneoliberales se definen por el monopolio privado de los medios de comunicación. La primera hace hincapié en las condiciones de vida de la gran mayoría; en cambio, la otra intenta influir en la conciencia de la gente.
No hay ninguna duda de que los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador han mejorado de manera sustancial las condiciones de vida de las personas. La redistribución de la renta, la disminución de las desigualdades, el aumento de las posibilidades para que las personas puedan encontrar formas dignas de supervivencia… todo esto apunta en esa dirección, algo que ni siquiera es negado por la oposición.
Tampoco se niega el rol de los medios de comunicación privados, que se han convertido, con el tiempo, en portavoces de los partidos de la derecha. Así, a menudo las campañas electorales miden los resultados de las políticas sociales bajo el prisma de las malas prácticas de los medios de comunicación privados.
La efectividad de las políticas sociales goza de un amplio consenso entre las clases populares, que suelen votar masivamente a los candidatos de los gobiernos, a quienes atribuyen los méritos de esas políticas y la perspectiva de que continúen. Las clases medias de las grandes ciudades son el público objetivo de las campañas de los medios de comunicación privados, que se concentran en difundir la idea de que los países van mal, que el camino escogido por los gobiernos es el equivocado, que los Estados cobran demasiados impuestos, son corruptos, debieran restringir sus espacios en función de las iniciativas privadas, no respetan la “libertad de prensa”, etc., etc.
Al igual que las políticas sociales de los gobiernos posneoliberales son muy similares, las campañas de los medios monopolistas de comunicación parecen realizadas por una misma empresa privada, por lo que también son casi iguales.
Si los gobiernos tienen problemas en la actualidad encuentran soluciones en la derecha, y no en la izquierda. Los candidatos de la oposición, ya sea en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina o en Uruguay, son los mismos de siempre, es decir, los hijos de los que han estado siempre. La novedad está en que, a veces, dicen que mantendrán políticas de los gobiernos actuales cuando ven que la sociedad pide modificaciones de las políticas ya impuestas. Es decir, defienden que mantendrán los avances sociales, pero a la hora de desvelar sus políticas económicas y/o sus futuros ministros de Economía en el caso de que llegasen al poder, se ve que son absolutamente incompatibles con las políticas sociales que estén ya en vigor, principalmente por los principios básicos de las personas que asesoran a los candidatos de la oposición.
El poder que tienen los medios de comunicación privados da, a su vez, un poder desestabilizador a la derecha, al valerse de campañas de terrorismo económico, denuncias de supuestos escándalos que pudieran darse en los gobiernos de izquierda, y reduciendo el poder de acción de éstos.  Sin embargo, esa misma derecha se mostró incapaz de presentar candidatos y plataformas que pudieran vencer en las elecciones. Tienen, por tanto, que apelar a esquemas golpistas para intentar romper la continuidad de los gobiernos progresistas. Dicho esquema es similar en países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina.

Es esencial romper con el monopolio de los medios de comunicación privados, que son los que tienen la mayor capacidad de influencia, incluso en países donde hay leyes que los regulan. El objetivo principal, con o sin esa regulación, es que las grandes masas de población, beneficiarias de las políticas sociales ofrecidas por esos gobiernos, tengan conciencia social de sus derechos, qué fuerzas los garantizan y cuáles acabarían con ellos.

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