Pero dónde empieza la historia: Leamos a Luciana Geuna, actual operadora
del Grupo, en una investigación del año 2007…
El 27 de abril de 2007 la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó supo que esa firma en el dictamen de 79 carillas, podía cambiar su vida
Firmó igual, rápido, automático, sin dudar. Y después se quedó un rato en silencio. No pasó un solo día de los 344 siguientes en los que no recordara aquella firma. Gils Carbó denunció, en su dictamen fiscal, un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial con los acreedores de Cablevisión. El Acuerdo Preventivo Extrajudicial (en adelante, APE) es una figura legal que permite a las empresas en default consensuar una propuesta de pago con sus acreedores y evitar así la declaración de quiebra. El APE fue objetado por la fiscal desde su inicio en 2004: no se respetaron las mayorías requeridas, se ocultó la venta de la empresa controlante a una firma extranjera (prohibido por la ley 25.750 de “preservación de bienes y patrimonios culturales” que sólo permite hasta el 30% del paquete accionario en manos de capitales externos, por paradoja también llamada Ley Clarín, ya que fue fruto del lobby del grupo cuando los intereses eran otros) y otras maniobras irregulares para sanear el pasivo de Cablevisión. Gils Carbó afirma que, a la hora de buscar un acuerdo para reetructurar la deuda, VLG Argentina LLC Media (antes denominada Liberty Media Internacional) vendió su participación en Cablevisión al fondo de inversión Fintech, encabezado por los mexicanos Julio Herrera y David Martínez, hecho que se ocultó a la Bolsa y a la Comisión Nacional de Valores, porque Fintech era, a la vez, controlante y acreedora. Fintech, por otro lado, está constituida en Delaware y no puede ser titular de un medio de difusión argentino. La fiscal enumera documentos secuestrados en el estudio de abogados del Grupo Fintech acerca de esta operación, en el marco de una investigación del juez Bonadío por lavado de dinero. La causa paralela fue finalmente bien archivada por el juez Rafecas ya que era imposible considerar el delito de lavado. Pero la documentación citada por Gils Carbó muestra algo importante para otro fuero: que Clarín fue parte de toda la operatoria de venta de Cablevisión a Fintech.
“El acuerdo fue celebrado con
abuso y fraude –asegura el dictamen fiscal–. Opino que los jueces no deben
homologarlo.”
Gils Carbó recibió luego de aquel dictamen siete pedidos de juicio político y dos denuncias penales. Sus antecedentes son intachables y antes de animarse a firmar contra Clarín no había tenido denuncia alguna. Los cursos para jueces de la Fundación Noble dan un buen resultado: no sólo son aceptados por el Consejo de la Magistratura y dan puntaje para nombramientos y ascensos, sino que son los únicos cursos privados aceptados (un master en la Universidad del Salvador, por ejemplo, no califica. Pero sí se toma en cuenta un cafecito en el auditorio de la calle Piedras). Quizás ahora comiencen a dar cursos para fiscales díscolos.
–Qué querés –le dijo Righi, el jefe de los fiscales, a Gils Carbó–, te metiste con el Grupo.
El procurador, en una decisión
insólita, dejó pendientes todos los pedidos de juicio político “hasta que se
dicten los fallos judiciales”, de modo que si los jueces no le dan la razón a
la fiscal, ella perdería su cargo.
No todo es pelea: el jueves pasado la Cámara Comercial falló homologando el APE y, claro, atacando a Gils Carbó.
La presión del lobby fue tan
fuerte que dos denuncias penales se formalizaron contra la fiscal en Comodoro
Py. Nadie logra explicarse por qué las denuncias fueron aceptadas en el fuero
Federal cuando la causa tramita en el Comercial. En teoría, el Ministerio
Público Fiscal es un órgano independiente, por lo cual sería ajeno a la
competencia de los jueces juzgar la conducta de una fiscal; carecen de
facultades para exhortarla ya que no está dentro de su competencia sino en la
de la Procuración. La denuncia que dio origen al dictamen tampoco comprende a
funcionarios públicos. Sin embargo, tanto el fiscal Di Lello como el juez
Julián Ercolini aceptaron formar parte del Libro Guiness de los Records. Ante
Ercolini, Cablevisión acusó a Gils Carbó por abuso de autoridad e
incumplimiento de los deberes de funcionario público, invocando un “informe
semiológico” realizado por Eliseo Verón, director académico del Master de
Periodismo del Grupo Clarín.
El viernes se informó que el Grupo crece: Clarín es ahora accionista mayoritario de Cimeco (Compañía Inversora de Medios de Comunicación), empresa que controla a La Voz del Interior (Córdoba), Los Andes (Mendoza) y la revista dominical Rumbos. Pagó 62 millones de pesos a La Nación, el socio saliente.
INVESTIGACIÓN: J. L./LUCIANA
GEUNA/JESICA BOSSI
Fuente:
N de la R: Curiosamente el
artículo fue publicado en el Diario Crítica de la Argentina. Luciana Geuna es
la actual columnista de Jorge Lanata en el multimedio denunciado, operador que
por entonces dirigía dicho diario asociado con el reo español Antonio Mata. Generalmente
el volumen de los contratos hace que los mercenarios cambien el destino de sus
miras telescópicas…
Y TODA la oposición abreva en las fuentes de los enlaces que transcribiste para armar su discurso...
ResponderEliminarPor aquel entonces yo recarajié al gobierno por haber aprobado la fusión. En mi pueblo el monopolio del cable tenía un servicio de 7 señales con 13 canales. Vale decir que sólo uno funcionaba las 24 horas del día. El resto de las señales partían su servicio en dos canales. Pagamos más que en Buenos Aires. Apenas apareció Direct TV en la zona todos huimos despavoridos de Cablevisión. En esa época sentí que la única tipa que nos defendía del abuso era Gils Carbó. Luego vino la 125 y todo eso quedó relegado. Pero no me olvido quién fue la persona quién en soledad y desde la justicia peleo verdaderamente contra semejantes HdP
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