por José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales de España
Los presupuestos presentados
por el gobierno de España consagran los recortes en materia de servicios
sociales y dependencia. Además de mostrar una profunda insensibilidad ante la
dramática situación de los ocho millones y medio de usuarios de la red pública,
ponen en riesgo la cohesión social y, con ella, la capacidad de nuestra
sociedad para salir de la crisis y generar riqueza y bienestar.
Coyunturas al margen,
convendría recordar cuatro datos: los servicios sociales del conjunto de
administraciones públicas representan el 1,5% del PIB, de los que un 12% los
aporta el gobierno central. El recorte presupuestario acumulado del gobierno de
Rajoy ha sido del 34% y asciende a un total de 937 millones de euros. Las
demandas de la población han supuesto, este año, un incremento de 1.444.772
nuevos usuarios de los servicios sociales, llegando a atenderse a 8.319.124
personas. La crisis y el consiguiente proceso de empobrecimiento de buena parte
de la sociedad Española están en el origen de esas nuevas demandas. Sin
embargo, durante este periodo se han despedido a 20.000 profesionales del
sistema.
La retirada paulatina de la
financiación estatal de los servicios sociales destruye cualquier posibilidad
de garantizar derechos reconocidos, por ejemplo, atención a la dependencia.
Ante la situación actual, la restricción presupuestaria de los servicios
sociales es aún más inoportuna, por el miserable e injustificable abandono que
comporta para los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad. Recortar en
servicios sociales y despedir a trabajadores sociales, en estos momentos de
crisis y empobrecimiento de la sociedad española, es como si intentáramos
afrontar una epidemia especialmente peligrosa recortando el presupuesto en
sanidad y despidiendo también a un número importante de médicos.
Los servicios sociales son una
actividad esencial, además de estratégica en el contexto europeo. Más aún en
estos momentos. De hecho, la estrategia Europa 2020 contempla la lucha contra
la exclusión social como objetivo preferente. Sin embargo, en España se está
destruyendo el sistema de servicios sociales y se están añadiendo a los
recortes las reformas “estructurales” de las administraciones locales,
emprendidas sin buscar realmente reformas eficaces y sostenibles, puesto que no
se han analizado con un mínimo de rigor y conocimiento ni sus efectos ni sus
consecuencias.
Es fácil imaginar cómo se
sienten los cientos de miles de personas y familias que están al borde del
precipicio de la exclusión social. ¿Cómo explicarles que el Estado se olvida de
ellos, en una situación como la que están sufriendo? ¿Cómo decirles que esto
ocurre mientras pueden leer en la prensa los millonarios sueldos y comisiones
de los directivos de sectores que tanta responsabilidad han tenido y siguen
teniendo en la crisis que causa todo este sufrimiento? ¿Cómo interpretar que
mientras los excluidos y los más desprotegidos y castigados por la crisis viven
su drama, sin ayuda del Estado, sigue aumentando el consumo de bienes de lujo?
La consecuencia de esta
situación de desbordamiento de las necesidades más básicas de millones de
personas y familias, y la drástica reducción de las ayudas que pueden esperar
por parte de las administraciones públicas, solo puede desembocar en una grave
conflicto que supondrá la quiebra de la cohesión social que tanto ha costado
construir en nuestro país, así como una seria regresión social de la que
costará décadas recuperarse. Los servicios sociales representan una inversión
inteligente y sostenible, puesto que no sólo ayudan a las personas, sino que
también cumplen una función preventiva y habilitadora, siempre que estén bien
diseñados y desempeñen sus tareas adecuadamente.
Si los responsables de nuestro
gobierno no tienen corazón, que saquen la calculadora antes de consagrar más
recortes como los contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para
2015. Que hagan cálculos y verán que las políticas sociales generan más
beneficios colectivos que la actual estrategia de acumular ganancias en muy
pocas manos, amparándose en falsas ideas de austeridad que solo inducen
recortes socialmente injustos.
No se puede explicar lo
inexplicable, no se puede consentir que las restricciones presupuestarias se
ceben con mayor virulencia en quienes peor lo están pasando. Por eso, desde la
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hacemos un
dramático llamamiento al gobierno del Partido Popular, con la legitimidad y la
fuerza que nos da la voz de los cientos y miles de personas angustiadas que
recibimos a diario, para que recapaciten y den marcha atrás a estos recortes en
servicios sociales, aprovechando el trámite parlamentario. Es mucho más que una
cuestión política: es una exigencia humana.
Si eso no se produce,
denunciaremos el carácter injusto, regresivo e inhumano de este gobierno, y
consideraremos cómplices a los partidos políticos y las organizaciones sociales
–incluida la Iglesia católica, con una presencia tan importante en este sector
y tan sensible a otras decisiones políticas–, si no denuncian y se oponen con
todas sus fuerzas a esta estrategia suicida de insistir y ampliar los recortes
en servicios sociales.
Fuente: Diario Público de
España
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