En el ámbito de la argumentación en Derecho y Ciencia Política no vale todo. Antes de escribir u opinar sobre política y derecho, todos, absolutamente todos, deberíamos leer estas líneas..

Mariátegui - Lenin - Engels - Marx

OPINAR Y RAZONAR EN DERECHO Y EN CIENCIA POLÍTICA

por...

Mercedes Pérez Manzano Catedrática de Derecho Penal. UAM

Yolanda Valdeolivas García, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UAM

Fuente: Diario Público de España

Parece haberse decantado de forma natural en la sociedad la generalizada impresión de que opinar sobre cuestiones jurídicas es cosa de todos y que todas las opiniones son atendibles en la misma medida y se sitúan en idéntico nivel de rigor, despreciando la técnica y el conocimiento científico que requiere la expresión de una opinión fundada en Derecho y Ciencia Política. Igual que, por usar el símil futbolístico, se dice que todos llevamos dentro un entrenador, nos estamos acostumbrando a que se manifiesten como opiniones presuntamente técnicas y científicas las vertidas por cualquiera, aunque carezca de los conocimientos mínimos exigidos sobre estas ramas del saber, haciendo pasar por inapelables e indiscutibles ante la opinión pública lo que no son explicaciones o argumentaciones técnicas rigurosas sino opciones ideológicas o prejuicios. Es obvio que también tras las argumentaciones académicas se hallan opciones ideológicas que ningún investigador jurídico pretende ocultar, pero enmarcadas en fundamentos teóricos y conceptuales que transforman una mera opinión inexperta en otra basada en un proceso razonador sistemático, crítico y reflexivo.

En el campo de las ciencias naturales y experimentales esa deriva es menor, porque existe la creencia de que de ciencia solo pueden hablar los científicos, por incorporar en su razonamiento conocimientos técnicos y profesionales que los no expertos admitimos no tener; sin embargo, de las ciencias jurídicas y políticas todo ciudadano presupone poseer los conocimientos necesarios, seguramente porque la ciudadanía le reconoce derecho a participar y, en consecuencia, a opinar con aparente idéntica autoridad a la que es propia de los expertos en tales ramas. Pero la opinión del ciudadano, o del omnipresente tertuliano, no es equiparable en este punto a la del jurista o politólogo. Y la opinión pública debe estar en condiciones de diferenciar uno y otro nivel de expresión.

Los juristas y politólogos somos técnicos en Derecho y Ciencia Política: trabajamos con método y reglas, complejas y expertas, de interpretación, análisis y aplicación de la realidad objeto de nuestras investigaciones. Por ello, el rigor, la profundidad y la excelencia marcan también la diferencia entre buenas y malas investigaciones, entre buenas y malas argumentaciones. Pero, al tiempo, somos científicos sociales: nuestras investigaciones tienen como misión explicar el funcionamiento de la sociedad, y como finalidad su mejor desarrollo o transformación cuando no se satisfacen los intereses que se estimen defendibles; construimos modelos en los que se insertan las opciones normativas, que nunca pueden ser neutras, porque evidencian opciones valorativas acerca de los distintos modos de concebir la convivencia social.

En el ámbito de la argumentación en Derecho y Ciencia Política no vale todo. También tras ella hay técnica y rigor metodológico. Por ello, argumentar rigurosamente requiere un conocimiento profundo de los fundamentos técnicos de las distintas opciones y quienes desenvolvemos nuestra actividad profesional en la investigación en Derecho y Ciencia Política tenemos la responsabilidad de intentar trasladar a la sociedad la idea de que la opinión pública será más fundada y libre si se sustenta en el conocimiento y valores que estas ramas del saber encierran.

Ninguna sociedad, sea en tiempos de crisis o de bonanza, puede permitirse el lujo de infrautilizar sus recursos personales y materiales. Si podemos ser mejores, tenemos el deber de intentar serlo. Por eso no queremos conformarnos con el estado de cosas descrito, sino modificarlo poniendo a disposición de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general todo nuestro bagaje intelectual y científico. Nos mueve nuestro compromiso con lo público y, por tanto, el convencimiento de que es hora de corresponder a la sociedad y revertir en ella la inversión que durante tantos años ha hecho, y sigue haciendo, financiando nuestra actividad profesional y los medios materiales que nos permiten ejercer como docentes e investigadores en la universidad pública española.

Tenemos el deber de intentar esclarecer la diferencia entre opinión inexperta y opinión científica en Derecho y Ciencia Política, para hacer visible ante la sociedad la relevancia de esta segunda y, desde luego, su utilidad para una toma de decisiones públicas, y aun privadas, fundada. No se trata solo, aunque también, de visibilizar nuestra labor para conseguir la transferencia de los resultados de la creación científica en Derecho y Ciencia Política a ciertos actores sociales que individual o colectivamente pueden estar interesados en ellos –partidos políticos, asociaciones, empresas, fundaciones, instituciones jurídicas varias o thinktanks‑; se trata, sobre todo, de crear canales o espacios a través de los cuales podamos hacer visibles las opiniones científicas del campo jurídico y politólogo a nivel social y, especialmente, en los medios de comunicación, por su privilegiada situación para generar opinión pública libre y reflexiva. Desde ese espacio experto queremos proporcionar a los ciudadanos información y elementos de juicio necesarios no para que piensen como nosotros sino para que piensen por ellos mismos.

Si conseguimos que cale en la sociedad la idea de que el desarrollo social depende tanto de los avances científicos en Biotecnología y Telecomunicaciones como de los que derivan de un análisis riguroso de la realidad social y jurídica, habremos dado un paso decisivo en el cambio de dirección que propugnamos. Un cambio que reivindica el valor social de la investigación en Derecho y Ciencia Política.

Nuestro objetivo fundamental es revertir en la sociedad la riqueza que generamos porque contribuye a convertirnos en una sociedad más libre, más culta y desarrollada, así como más justa. Porque la información rigurosa y completa, que evidencia los valores y costes en juego, es la que permite elegir con libertad real entre las distintas opciones políticas, económicas o jurídicas; porque el crecimiento personal como seres humanos y ciudadanos de las sociedades democráticas solo puede asentarse en el rigor científico y en el respeto a las opiniones que se sustentan en él; porque solo es justa una sociedad que intenta allanar las desigualdades, y éstas también afectan a los bienes inmateriales, que nutren nuestro intelecto y, por tanto, nuestra propia condición humana. Nos jugamos el futuro de nuestra sociedad, la transformación de un modelo social que no valora algunos de sus mejores activos, pareciendo ignorar la importancia del rigor y la excelencia hasta tanto algún informe europeo relega a España a los últimos lugares de los rankings.

Creemos que la docencia e investigación jurídica y politóloga posee proyección y aplicación sociales de gran relevancia y que las facultades donde se enseñan e investigan ambas ciencias sociales constituyen un observatorio privilegiado para conocer y reconocer nuestra realidad, un foro incomparable de reflexión y un motor permanente de progreso social. Nuestro compromiso con la sociedad es reflejo de nuestro más amplio con la Academia y con la universidad pública, depositaria de muchos de los retos y ambiciones de la sociedad y a los que debemos ser capaces de ofrecer respuesta rigurosa, ágil y eficaz, aún más, en tiempos de crisis.