ESPAÑA DEBE Y PUEDE REESTRUCTURAR SU DEUDA por
Alberto
Montero Soler Profesor de Economía Aplicada de
la Universidad de
Málaga
Empecemos por el
principio, por muy evidente que éste pudiera parecer: la deuda no es una
cuestión moral sino un negocio económico entre dos partes, acreedor y deudor,
que generalmente ocupan posiciones asimétricas. Por lo tanto, recurrir a
argumentos morales para tratar de justificar que la deuda hay que pagarla por
encima de cualquier otra consideración es una trampa en la que no se debe caer.
En principio, las
deudas hay que pagarlas, por supuesto. Nadie dice lo contrario. Pero siempre
que se pueda y hasta donde se pueda y no como principio sagrado y mucho menos
cuando se ponen en juego bienes y derechos sociales de orden superior a un
contrato de tipo financiero, como pueden ser los derechos humanos.
De hecho,
la posibilidad de impago es inherente al negocio del acreedor, que por eso
cuando decide prestar incorpora en el tipo de interés que va a cobrar al deudor
un componente relacionado con el grado de solvencia de éste, siendo más elevado
cuanto mayor sea el riesgo de impago.
Lo cual nos lleva
a otra cuestión que tampoco debemos olvidar, por muy evidente que nuevamente
pudiera resultar: cuando se genera una deuda el acreedor asume el riesgo de
impago, mientras que el deudor corre el riesgo de que cambien las condiciones
económicas y, por lo tanto, su capacidad de pago con respecto al momento en el
que se endeudó. El riesgo es consustancial a la deuda: para el acreedor, el
riesgo de no cobrar; para el deudor, el riesgo de no poder pagar.
En definitiva,
que el riesgo de impago se materialice es algo ya previsto de antemano cuando
nace la deuda y, por ello, los argumentos morales son de todo punto
inaceptables para imponer el pago, máxime cuando muchos de quienes utilizan
esos argumentos atacan simultáneamente el “austericidio” catalogándolo como una
peligrosa deriva de la ética protestante que Alemania pretende irradiar al
resto de Europa. Ambas son las dos caras de una misma moneda y no se puede
defender una al tiempo que se critica a la otra ocultando, en ambos casos, la
carga ideológica y los intereses subyacentes. ¿O es que Alemania apeló al
espíritu de sacrificio calvinista y exigió continuar pagando su deuda cuando
las naciones aliadas le ofrecieron su condonación parcial en los Acuerdos de
Londres de 1953? Si impone ahora la austeridad es, exclusivamente, porque se
encuentra en una posición acreedora y desde ahí siempre es más fácil predicar
con el ejemplo e imponer el sufrimiento.
Todo lo
argumentado hasta ahora es absolutamente compatible con reconocer que el nivel
de endeudamiento de la economía española es uno de sus principales problemas y
se constituye no sólo en una restricción para retomar la senda del crecimiento
económico sino también en una hipoteca injusta sobre las generaciones futuras.
Sin embargo, en
su empeño por desacreditar las alternativas económicas que defiende Podemos,
algunos economistas se han empeñado en tratar de segmentar el problema de
endeudamiento de la economía española para así atacar la propuesta que Podemos
incluía en su programa económico para las elecciones europeas. En él, y siempre
pensando en el contexto europeo –insisto en ello porque parece que no
se entiende-, en donde el incremento de la deuda pública ha sido el elemento
más generalizado, se proponía, para toda la Eurozona, un programa de
reestructuración de dicha deuda. También se destacaba que el elemento que
podría articular la reestructuración podía ser la deuda pública generada a
partir del rescate de instituciones financieras privadas, es decir, por la
socialización a cuenta de todos los contribuyentes de parte de la deuda privada
de esas entidades. No niego que el planteamiento pueda ser objeto de
controversia (estoy seguro de que habrá quienes prefieran que se considere
ilegítimo el incremento del gasto derivado del aumento del desempleo), pero es
una propuesta sensata que hunde sus raíces en el sentimiento colectivo de
estafa y saqueo generalizado entre la ciudadanía de muchos estados europeos y,
por tanto, como mínimo es una propuesta digna de ser discutida.
Lo que también
parece obvio es que cuando Podemos elabore su programa para las elecciones
generales deberá tener en cuenta el contexto particular del endeudamiento en
nuestro país, marcado por unos elevados niveles de deuda pública y privada y,
por ende, por un elevado endeudamiento externo.
Y sería irresponsable
que ese programa no tuviera en cuenta algo que algunos economistas se empeñan
en rechazar a pesar de que sí reconocen la existencia del problema: la senda de
insostenibilidad que está tomando la deuda pública española (hasta aquí lo que
reconocen) exige de una reestructuración ordenada de la misma (y esto es lo que
rechazan). En vez de reconocer que a la primera premisa le sucede la segunda,
prefieren replicar el recetario del FMI y se limitan a proponer tan sólo una
reestructuración de la deuda privada de familias y empresas. Parten en realidad
de la quimérica esperanza de que el sector privado (familias y empresas)
reactive la economía, recuperando el crecimiento y haciendo que el denominador
del cociente entre deuda pública y PIB crezca para que, con ello, se reduzca la
ratio entre ambas variables.
Quienes defienden
esta opción parece que no tienen en cuenta que precisamente, y como reconoce el
Banco de España, la disminución del endeudamiento de las familias y las
empresas no financieras ha avanzado significativamente a pesar de la débil
evolución del PIB. Esto no significa que no se deba apoyar ese esfuerzo
procediendo a reestructurar parte de su deuda. Claro que hay que hacerlo y
especialmente para todas las pequeñas y medianas empresas y familias para
quienes la deuda se ha convertido en una suerte de condena; pero centrar el
foco exclusivamente en la reestructuración de la deuda privada deja al
descubierto el principal flanco en materia de endeudamiento al que está
sometido la economía española en estos momentos: la deuda pública.
Y es que mientras
el sector privado se va desendeudando con mucho esfuerzo, la deuda del sector
público sigue una senda insostenible a pesar de la actual reducción del coste
de su financiación en los mercados financieros.
Dicho de otro
modo, desde 2010, cuando los ratios de deuda del sector privado alcanzaron su
valor máximo, la deuda de las familias y de las empresas no financieras ha
experimentado una reducción acumulada hasta finales de 2013 de 11 y 21 puntos
porcentuales, respectivamente. Una reducción mayor que la experimentada por
esos mismos sectores en Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. Es, decir, las
familias y empresas españolas, a pesar del dificilísimo contexto, están
haciendo mayores esfuerzos para hacer frente a sus deudas. Sin embargo, en ese
mismo periodo la deuda pública española ha pasado del 61,7% al 93,9% del PIB,
es decir, ha crecido en un 52% y, en estos momentos, en septiembre de 2014,
supera ya el billón de euros, esto es, un 98,9% del PIB, es decir, en menos de
un año ha aumento cinco puntos.
A mi humilde entender,
basta con estos datos para percibir que España tiene un problema de deuda
pública, y no sólo de deuda privada, y que cualquier turbulencia en los
mercados financieros que elevara el coste de la financiación de los mínimos
históricos absurdos en los que se encuentra ahora, dados los fundamentos de la
economía española, provocaría una auténtica hecatombe.
Por lo tanto,
desde Podemos defendemos que ambas propuestas no son incompatibles y que no se
puede despreciar la necesidad de reestructurar ordenadamente la deuda pública
al tiempo que se reestructura la privada. Frente a las repercusiones que ambas
medidas podrían tener sobre la deuda externa, bien podríamos hacer valer, por
una vez, nuestro peso económico en la Eurozona y la vulnerabilidad de ésta ante
los problemas de nuestra economía.
En definitiva,
creo que no debemos rechazar de plano la posibilidad de una reestructuración
ordenada de la deuda y debemos aprender humildemente de cómo se gestionaron
esos procesos en América Latina durante el último cuarto del siglo XX. En
aquellos momentos la respuesta de algunos gobernantes fue clara y digna, en
consonancia con el sufrimiento que venían experimentando sus pueblos por culpa
de los procesos de empobrecimiento por deuda. Como ejemplo lo está haciendo
Argentina y valga recordar aquí la frase de Salinas de Gortari cuando la
situación de la economía mejicana era desesperada y que sirvió como lema para
obligar a la negociación al gobierno estadounidense, su principal acreedor.
Dijo entonces Salinas de Gortari: “Si no crecemos, no pagamos”. ¿No les parece
un buen principio para comenzar a negociar?
Fuente: Diario
Popular de España
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