LOS MITOS Y SOFISMAS DEL NEOLIBERALISMO PUNITIVO QUE PROPONE SEÑOR MASSA

los 10 mitos de la inseguridad - Editorial Revista 23

La inseguridad está instalada como uno de los temas ineludibles en la agenda de los candidatos. La sumatoria de linchamientos cometidos por vecinos transformados en homicidas en potencia contra presuntos ladrones generó debates y anuncios, como el Plan de Emergencia Pública en Seguridad anunciado por el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Alejandro Granados, que se enorgullece de ser apodado “el sheriff” y de haberse tiroteado con delincuentes. Entre otras medidas, se anunció la reincorporación de 5 mil policías retirados, además de 600 millones de pesos destinados a chalecos, armamentos y cámaras; la construcción de ocho alcaidías –lo que implicaría 340 millones de pesos– y la construcción de cuatro unidades penitenciarias, que costarán 500 millones de pesos. Los 22 puntos del plan incluyen el llamamiento a que el personal de agencias de seguridad privada reporte a la policía si ve algo sospechoso y la prohibición para que circulen dos personas por moto, algo que quedaría librado a la decisión de cada municipio. No es sólo Scioli quien permanece anclado en estas ideas: el secretario de Seguridad Sergio Berni y los precandidatos presidenciales Sergio Massa, Mauricio Macri, José de la Sota se expresan en la misma sintonía, lo que muchos denominan como “demagogia punitiva”.

A la hora de hablar sobre cómo frenar al delito se dan una serie de supuestos. Lugares comunes que parecen verdades reveladas para aquellos funcionarios o candidatos que pretenden cautivar a las audiencias televisivas asustadas –con razón– por delitos violentos cometidos contra la propiedad y la vida. Son los mitos de la inseguridad, ideas que se dan por ciertas pero que es necesario poner en cuestión para no cometer el error nuevamente de tomar decisiones apresuradas en contextos difíciles. 

1. Más policía es más seguridad.

Los expertos consultados por Veintitrés coinciden en desestimar esta idea. “Si no hay una reforma democrática no tiene sentido plantear que haya más policía”, advierte Enrique Font, titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y ex secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia de Santa Fe. “Las fuerzas policiales, sobre todo las más grandes, como las de Buenos Aires, la de Santa Fe y la de Córdoba, están atravesadas por el delito”, asegura Font, que agrega datos preocupantes: “Tienen involucramiento en todo delito, desde el juego clandestino, el abigeato y la prostitución hasta la criminalidad compleja como la trata, los tráficos de gran escala, los secuestros extorsivos y la narcocriminalidad. Y el robo de automotores, la gestión del estacionamiento en los estadios de fútbol, redes de desarmaderos, salideras bancarias, movimiento de agroquímicos robados, tráfico de cereales, piratas del asfalto. Son fuerzas policiales que no dejan pasar delito del cual puedan aprovechar”. Según Font, “la penetración de algunos niveles de criminalidad compleja es escandalosa: en Santa Fe el jefe de policía está preso, en Córdoba la cúpula está presa. Cuanto más compleja es la economía formal e informal, los vínculos policiales con el delito son más graves”. Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea, preside la Asociación Pensamiento Penal. Opinó que “la policía es parte del problema y no de la solución. Nos genera enormes dudas el llamado indiscriminado a personas que se supone han cumplido una carrera. Hay que ver si están en condiciones psicofísicas. Y hay otros que fueron separados de la fuerza por razones que hace falta examinar”.

Hugo Cañón, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria y ex fiscal de Bahía Blanca, también criticó “encarar la cuestión de la llamada seguridad en términos de guerra: configurar al otro como un sospechoso, una amenaza latente para la gente bien. El otro es el de la villa, mal trazado, joven, motoquero para colmo. Todo esto genera un gasto presupuestario enorme para que haya más uniformados, más armas, en vez de destinarlo a los docentes, para lo que no había presupuesto y ahora aparecen estos recursos. Satisfacen la demanda más primitiva de la sociedad: por un puñado de votos sacrifican las políticas de Estado”.

2. Cuanto más se patrulle, mejor.

La idea de la saturación policial está en boga. Se presume que si todo el tiempo hay patrullaje no habrá delitos. “Estudios empíricos efectuados en fuerzas policiales no corrompidas indican que eso es relativo en términos de evitar delitos. Si se triplica la intensidad de patrullaje, no tiene correlato con la baja del delito. La mayoría de los delitos no ocurre frente a un patrullero”, señala Font. Cañón critica que “plantean que quieren 100 mil uniformados para hacer una ocupación territorial”. Esto se suma a que “meten más fondos para más cárceles, incorporan efectivos desafectados de la Policía Bonaerense y habilitan a servicios privados a cumplir tareas de seguridad, algo que sólo debería hacer el Estado. Mientras, el delito complejo, que hace realmente a la inseguridad, es invisibilizado. El foco en el arrebatador de carteras, el pibe de la calle, hace desviar la mirada de las corporaciones que delinquen, las grandes estafas. A ese otro hay que meterlo en la cárcel o matarlo a través del gatillo fácil o de enfrentamientos fraguados”. Juliano agrega que “es un proyecto probadamente fracasado y simplista apelar a la militarización del espacio público. La idea del gobierno bonaerense se orienta al encarcelamiento masivo de determinadas categorías de delincuentes, aumentando el problema de superpoblación carcelaria. Un Estado que no se plantea una política criminal es un Estado a la deriva”.

3. A la policía no la dejan hacer.

Esta frase suele ser dicha por quienes critican a los “derechos humanos” como límite para frenar a los criminales. Cañón puntualiza que “la policía hace por demás. Dicen que están con las manos atadas pero lo que quieren es que los autoricen a reventar gente. Hacer las cosas legalmente es más trabajo”. Font remarca que “la modernización de la policía es una de las deudas de la democracia. Salvo excepciones acotadas y puntuales, no fueron objeto de transformaciones estructurales como deberían haber sido. Del ’83 a esta parte no ha habido intentos duraderos de democratizar a las fuerzas de seguridad”.

4. Manzanas podridas.

Otro lugar común cuando se hacen inocultables los vínculos de la policía con el delito es que se trata de casos aislados. Pero para los críticos de la demagogia punitiva se trata de todo el cajón. “En todo delito hay policías involucrados: no es una manzana podrida. Es toda la estructura, todos están dedicados al delito. Darles más poder sin control político y sin formación es catastrófico: van a producir más delito, no importa si tienen más o menos armas o tecnología, si son comunales o de qué color pintan el patrullero. Apostar a que la policía gerencie el delito es un suicidio”, puntualiza Font.

5. Puerta giratoria.

Se suele mencionar que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tiene un porcentaje altísimo de presos, la mayoría sin condena. Las denuncias de malos tratos y de corrupción en el Servicio Penitenciario están a la orden del día. “Si hubiera puerta giratoria, las cárceles estarían vacías”, dice Cañón. Julián Axat, Defensor Penal Juvenil de La Plata, detalla que “hay 33 mil presos en la provincia de Buenos Aires, la mitad de todos los presos del país, la tasa más elevada de la historia. Y más del 70 por ciento están presas sin condena firme”.

6. Hacen falta más cárceles.

“En vez de repetir la idea de que hacen falta más dispositivos carcelarios, se debería apostar por penas alternativas”, critica Axat, que recuerda que “el Estado argentino ha sido condenado por las condiciones inhumanas de detención a las que están sometidos los presos. Es necesario que haya un cupo de presos, no más cárceles”. Y agrega que los seguidores de la demagogia punitiva tienen un “consenso”: apostar a que haya cada vez más dispositivos carcelarios. Incluso, en algunos casos, con la privatización de las cárceles.

7. Armas para todos.

El autor del libro El ciudadano sheriff, Darío Kosovsky, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), es un crítico acérrimo de la presencia de armas en nuestra sociedad. “Siempre las consecuencias del hecho empeoran cuando la persona a la que le quieren robar está armada. Tener un arma de fuego da simbólicamente mayor tranquilidad frente a una eventual amenaza de defensa de bienes o de la familia. Los hechos contradicen esa sensación. En escenarios altamente conflictivos, la proliferación de armas entre los civiles es echarle nafta al fuego. Incrementan los riesgos de muerte de tu propia familia en un eventual enfrentamiento con alguien. Es muy traumático quitarle la vida a alguien y poner en riesgo la vida de terceros y la propia”, explica el experto. “La situación sería peor si no hubiera habido políticas de desarme. Pero para que entreguen las armas, el Estado debe proteger”, detalla Kosovsky. Respecto de la circulación ilegal de armas, el docente y abogado explicó que “en la Argentina no hay tráfico  como en Brasil o en Centroamérica; hay un circuito ilegal muy claro donde el principal nutriente es el circuito legal, principalmente poderes judiciales de todo el país y las fuerzas policiales. Hay cientos de miles de armas incautadas, pero no todas son destruidas. Se utilizan para fraguar procedimientos e ingresan en el circuito delictivo. Proponemos una ley de destrucción inmediata de las armas incautadas”.

8. La clave es filmar todo.

Una señal de época netamente orwelliana es la presencia de cámaras de seguridad en cada rincón, lo que implica un negocio de magnitudes. Se suman a esto programas televisivos en base a lo capturado por esos dispositivos tecnológicos. “La declaración de ‘emergencia’, además de lo rimbombante, lo que concretamente implica es sortear los procesos licitatorios que dan transparencia. Todo esto para que tengamos cámaras por doquier. El ‘Gran Hermano’ nos vigila todo el tiempo, no parece que los que cometen delitos se fijen en esto. Tampoco sirven para la prevención. Y para el esclarecimiento su contribución es reducida”, dice Juliano. 

9. Peligro: dos personas en una moto.

El “motochorro” parece haberse convertido en el enemigo público número uno. Como en la Medellín amenazada por sicarios sanguinarios, los funcionarios bonaerenses quieren prohibir que los motociclistas viajen acompañados. “No hay posibilidad material de controlar el cumplimiento de estas medidas”, critica Juliano. “De esa manera, las fuerzas de seguridad se distraen de cuestiones más importantes. Esto es ir detrás de una parte pequeña del problema. No negamos el problema de delitos cometidos en moto, pero criticamos que se vea la realidad con un criterio selectivo: se fija la atención en cierta clase de delincuentes y se omiten otros”.

10. Acá lo que hace falta es un Rudolph Giuliani.

Una figurita repetida es el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, referente de la llamada “tolerancia cero”. Axat explica que “los discursos de la demagogia punitiva están llenos de lugares comunes que se reiteran en el programa de emergencia policial de Álvaro Uribe en Colombia, el del alcalde de París Jacques Chirac en Francia y el de Rudolph Giuliani en Nueva York”. Según su visión, “son planes de emergencia que repiten modelos discursivos que provienen de la misma usina ideológica: el neoliberalismo punitivo. La implementación de la tolerancia cero que hizo Giuliani, con la idea de la policía de proximidad con mayor militarización de los territorios conflictivos, ha fracasado: apuntan sólo al aspecto cuantitativo de disuadir el delito por presencia policial, pero el delito no es meramente callejero, es económico y estructural”. “Si fuera tolerancia cero contra la corrupción policial, yo suscribiría”, ironiza Font. Lo cierto es que, de acuerdo a las últimas cifras disponibles, la ciudad de Buenos Aires tiene un índice de homicidios menor al de la Gran Manzana. Y por las calles neoyorquinas todavía resuena el nombre de Amadou Diallo, un inmigrante que pese a estar desarmado fue asesinado por la NYPD, el ejemplo que a muchos les gustaría seguir en nuestro país.