ENTREVISTA A MARÍA ELENA BARBAGELATA EN REVISTA 23 “Algunos creen que la seguridad pasa por aumentar penas”



Reconocida jurista, fue la única mujer en la comisión que confeccionó el anteproyecto representando al socialismo. Su respuesta al “oportunismo” de Cobos y Massa, las claves de la reforma y los contrapuntos en temas sensibles como el aborto.

El anteproyecto de reforma del Código Penal ganó el centro de la escena el 4 de marzo pasado luego de que los diputados Sergio Massa, por el Frente Renovador, y Julio Cobos, por un sector del radicalismo, cuestionaran la iniciativa. Para aclarar los alcances de los cambios planteados, la abogada María Elena Barbagelata, única mujer que integró la comisión que elaboró el nuevo corpus normativo, dialogó con Veintitrés. La ex diputada socialista explicó las medidas sobresalientes, indicó los puntos donde considera que debe profundizarse el debate y fustigó a quienes criticaron con liviandad el texto que ni siquiera fue oficializado. “El anteproyecto es fruto del consenso, de una comisión plural y es perfectible”, aseguró quien trabajó en la confección del nuevo sistema legal penal durante casi dos años junto al ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni; el jurista especialista en Seguridad León Arslanian; el abogado y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra y el diputado por el Pro Federico Pinedo.
“La reforma no sólo ha relevado las normas vigentes sino que sistematizó alrededor de 400 leyes penales especiales que tenían normas dispersas, lo que era caótico”, precisó quien fue presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. “El relevamiento nos ha permitido suprimir algunas normas que no tenían incidencia en la realidad e incorporar cerca de 80 nuevas figuras. Hay nuevos delitos contemplados y algunos de enorme trascendencia. Por ejemplo, se hace foco en la violencia familiar”, explicó la abogada, una especialista en la materia. Ocurre que Barbagelata dirige la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.


–¿Cuáles son para usted los puntos más destacables de la reforma?


–Justamente, la sistematización de la parte general y que se hayan incorporado figuras que protegen el medio ambiente y la seguridad en el trabajo. También aquellas que ponen el foco en la responsabilidad de las empresas cuando realizan actividades delictivas. Esto se puede dar en delitos económicos, de narcotráfico, lavado (de dinero) y también medio ambiente. A su vez, se cambia el análisis en lo que respecta a la legítima defensa en situaciones de contexto de violencia. Otro punto que destaco es que se considere delito a la “desobediencia de las órdenes judiciales en situaciones de violencia familiar”, por ejemplo cuando se vulnera la prohibición de acercarse a la víctima. Eso hoy no constituye delito.


–Uno de los tantos cambios que propuso la comisión fue eliminar la prisión perpetua. Esto fue criticado por Sergio Massa, quien consideró, entre otras cuestiones, que “la reforma consolida la puerta giratoria para los delincuentes”. ¿Qué opina al respecto?


–Las declaraciones de Massa son absolutamente infundadas, insustanciales y oportunistas. Utilizó los aspectos penales con un fin netamente electoralista. El Código se presentó fundamentado y debemos debatirlo con seriedad, responsabilidad e integralidad. Massa saca cuatro o cinco puntos y batalla con ellos. Salió con una postura intransigente. El Código tiene alrededor de 300 artículos, hay penas que se han bajado buscando una proporcionalidad pero el 80 por ciento del Código tiene penas más altas. En lo que respecta a la prisión perpetua, nunca existió como tal. Se llama así desde 1921 y surgió como una respuesta a la pena de muerte. Se trata de la máxima sanción pero que nunca coincidió con un entendimiento del sentido biológico de la pena. En la reforma nosotros tomamos la pena máxima de 30 años, lo que es absolutamente razonable y coincide con el delito de genocidio. Apelar a la perpetua es no conocer la realidad.


–¿Propusieron que la pena máxima sea de cumplimiento total?


–Sí. Si bien se prevé una escala de sustitución de penas en determinadas etapas y en determinados delitos, va a ser prácticamente de cumplimiento total cuando haya pena máxima y de máxima gravedad. Es una innovación de nuestro anteproyecto fijar criterios objetivos para graduar las penas en función de mayor gravedad y máxima gravedad. Los delitos de violación encuadran en situación de máxima gravedad, por ejemplo.


–¿En la reforma se plantean alternativas a la reclusión?


–Prevé alternativas, que no van a ser automáticas. Habrá un control judicial permanente, un informe que debe elevarse mensualmente para que no sea un cheque en blanco como es hoy la libertad condicional. Por supuesto que va a requerir cambios en la ejecución de la pena.


–¿También se contempla una figura particular que legisla los delitos en accidentes de tránsito?


–La culpa temeraria es una de las instituciones que se incorporan al Código que puede solucionar muchísimos problemas de interpretación a la hora de juzgar un accidente de tránsito. Con la culpa grave (culpa temeraria) se puede aplicar una pena que coincide con el mínimo del homicidio, 8 años. Esto también hay que destacarlo. Aquí se sube la pena, y considerablemente.


–¿Cuál es la deuda de la iniciativa?


–En materia de aborto se especifica que la interrupción del embarazo proveniente de la violación no es punible, a los efectos de que no haya más discusión sobre el tema. Pero no hubo avances en la despenalización de la interrupción del embarazo en las primeras semanas, lo que motivó una disidencia mía en este punto. Además, creo que hubo un avance en exceso en la punición en el tema del aborto, con la introducción de la figura del “aborto culposo”, que se refiere a la interrupción del embarazo producida por una mala praxis médica. Creo que incrementar la punición en esta materia es un profundo error. En este sentido tengo planteada la disidencia total. Lo mismo que en “lesiones al feto”. Estas dos cuestiones están en muy pocas legislaciones. En el derecho comparado prácticamente no existen.


–¿Considera que esas sanciones obstaculizan aún más la posible despenalización del aborto?


–Sí. Ese punto suscitó mucha controversia porque si bien la comisión no abordó en principio el delito de aborto, sí introdujo aumentos de pena en la materia. Es un tema muy sensible donde queremos que los debates vayan para el otro lado: para la despenalización. Por más que la punición se aplique a los médicos, es un boomerang que va a terminar perjudicando a las mujeres que recurren a los médicos en situaciones de mucha angustia. Estamos hablando de la primera causa de mortalidad materna: son 100 mujeres por año que se mueren por aborto. En el tema de prostitución sucedió algo similar.


–¿Qué planteos realizó en esa cuestión?


–En prostitución ha habido un retroceso en el anteproyecto en cuanto a la explotación de la prostitución ajena. Se da marcha atrás con las últimas reformas referidas al consentimiento de las mujeres de 18 años. Si bien esto se respetó a la hora de legislar la trata de personas, no se hizo en esta cuestión. Y se legalizarían los prostíbulos.


–Después de dos años de trabajo, ¿qué siente cuando escucha las críticas de Massa y Cobos?


–Equivocan el análisis. No se fundan en el texto integral del Código y lo que dicen está rayano con descalificaciones arbitrarias. Algunos creen que toda la política de seguridad debe pasar por un aumento de penas y no me asombra. Todas las modificaciones últimas que se realizaron en el Código Penal fueron puro aumento de penas, pero ¿cuál fue su impacto? No bajaron nada y hasta llevan a más conflicto y violencia. Esto no se puede tomar de forma superficial o tironeando para ver qué rédito político saco. Debe haber un debate respetuoso, escuchando y ampliando las posiciones pero siempre partiendo de mejorar el Código y no de destruirlo.


–¿Cree que la clase política estará a la altura de las circunstancias a la hora de tratar el anteproyecto?


–No lo sé. Lo estuvo la comisión y ojalá esto se refleje en los debates que sigan.


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