"Hablan de 30.000 desaparecidos y saben que es falso..."
Los
kirchneristas, en especial los líderes de las organizaciones de derechos
humanos, que insisten en que los desaparecidos durante la dictadura fueron
30.000, me recuerdan a los dirigentes de esas ONG "truchas" que se
ponen contentos cuando aumenta el número de pobres porque imaginan que, de esa
manera, podrán capturar mayores subsidios, ayudas y respaldos dentro y fuera
del país.
¿No
les basta acaso con las heridas abiertas a los familiares, amigos y compañeros
de las más de 7000 víctimas que registra el último documento publicado por el
Gobierno sobre este tema, en 2006? ¿Les parece poco? ¿Por qué insisten en un
número que todos ellos reconocen en privado como una suerte de mentira
necesaria de otros tiempos, cuando debían captar la atención de la opinión
pública nacional e internacional?
Creo
que la respuesta es simple: han hecho de los 30.000 desaparecidos una bandera
de lucha política y ahora no quieren reconocer que el número es otro. Temen
pagar un costo político si admiten la cifra real; que, por ejemplo, broten o se
consoliden dudas sobre otras afirmaciones y posicionamientos. Razonan con una
lógica de poder, ya no les interesa la verdad.
Durante
demasiado tiempo, en mérito a sus luchas valerosas del pasado, las líderes de
Madres y Abuelas han podido decir y hacer prácticamente cualquier cosa. El
presente las encuentra con mucha influencia en la alianza gobernante, pero con
la legitimidad dañada; son los beneficios y los perjuicios de haberse
encolumnado en una opción política partidaria.
7158
víctimas es una cifra que indica una matanza atroz, con el agravante de que fue
realizada desde el aparato estatal. Llegué a este número luego de contar los
apellidos y nombres que aparecen como víctimas de la dictadura en el Anexo II
del Nunca Más , el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas (Conadep). Primero, conté las víctimas en Córdoba, que es donde se
desarrolla la trama de mi último libro, ¡Viva la sangre! , y comprobé
que el número era inferior al que manejaba el Archivo Provincial de la Memoria;
luego, extendí el recuento a nivel nacional.
Me
gustaría hacer una aclaración sobre esa cifra total: es la suma de 6415
desaparecidos y 743 víctimas de "ejecución sumaria", una categoría
creada durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, según me informaron
en la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Se
trata de una categoría muy general, que abarca a personas que fueron fusiladas
en intentos de fuga que fueron fraguados y a muertos por grupos paraestatales,
pero también a jóvenes fallecidos en tiroteos, durante ataques a cuarteles y
comisarías o fusilados por los propios grupos guerrilleros a los que
pertenecían, en cumplimiento de sentencias de "juicios
revolucionarios", como fue el caso del cordobés Fernando Haymal, de 26
años. Figuran, además, personas que murieron mientras armaban bombas que
estallaron antes de lo previsto.
Incluye
también a muertos en tiroteos con la policía de otros países, como Hugo
Irurzún, el "Capitán Santiago" del Ejército Revolucionario del
Pueblo, fallecido en Asunción del Paraguay en 1980, luego del atentado contra
el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que vivía refugiado en ese país.
Un combatiente argentino, pero abatido en un tiroteo con la policía paraguaya
en Asunción.
Es
imposible averiguar cuántos son los casos irregulares de "ejecución
sumaria" sin el libre acceso a los legajos de cada una de las personas que
figuran en el nuevo Nunca Más , cuyo acceso está restringido por la
Secretaría de los Derechos Humanos. Es otra de las tareas pendientes que deja
el oficialismo.
Además,
el kirchnerismo "extendió" el objetivo original de la Conadep; esta
comisión fue creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983 para recoger
información sobre los detenidos desaparecidos durante el régimen militar; en
2006, Néstor Kirchner incluyó a las "víctimas del terrorismo de
Estado" antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y desde 1969. Figura, por
ejemplo, Fernando Abal Medina, el primer jefe de Montoneros, quien murió en un
tiroteo con la policía en 1970, poco después de secuestrar y matar al teniente
general Pedro Aramburu; la inclusión de Abal Medina (tío del actual jefe de
Gabinete, Juan Manuel Abal Medina hijo) habría sido realizada sin que su
familia lo supiera.
La
línea política parece clara: el objetivo no es ya honrar y recordar a los
desaparecidos durante la dictadura, sino a todos los combatientes por la
revolución sin importar el modo ni el lugar ni el momento en el que murieron.
Eso sucede tanto en el nuevo Nunca Más como en los monumentos que se han
levantado últimamente, como el Parque de la Memoria, en la Costanera porteña.
Las
fechas han seguido corriéndose, con el respaldo de casi todos los bloques opositores,
que aprobaron las leyes respectivas, y ahora el recuento de "víctimas del
terrorismo de Estado" parte desde los muertos el 16 de junio de 1955
durante el bombardeo a la Plaza de Mayo.
El
acceso a los legajos está restringido, pero podemos suponer que los herederos
de todas esas personas han cobrado la indemnización prevista originalmente para
las víctimas del terrorismo de Estado, que en estos momentos asciende a
1.700.000 pesos aproximadamente. Aunque no sería así en todos los casos, por
ejemplo en la reducida cantidad de Madres que sigue a Hebe de Bonafini y entre
los herederos de Fernando Abal Medina, según me aseguró un familiar del actual
jefe de Gabinete.
Cifras
que no son ciertas, víctimas que no fueron tales, pagos irregulares de dineros
que salen del presupuesto público: demasiadas opacidades para una historia que
merecía otro desenlace y que ha sido corrompida por el recurso político del
relato.
Fuente: La Nación
Es NECESARIO ponerse a debatir públicamente, armar un proyecto con consistencia, militarlo socialmente, para presentarlo en el Congreso, sobre derecho a réplica en los medios de comunicación.
ResponderEliminarCada quien es libre de decir lo que más le plazca, pero el decir es un hacer, y conlleva responsabilidades y llegado el caso tiene hasta consecuencias judiciales. La comunicación es un derecho y en tal sentido el principal activo de la libertad de expresión no es de un medio o de quien tiene el dinero para actual, sino de todos y cada uno de los ciudadanos, que deberíamos contar con canales institucionales para hacerlo valer.
Saludos
Ladislao