Justicia
¿Qué es la justicia?. De qué hablamos
cuando mencionamos tan pomposo término. Tengo la leve sospecha que el
significado y el significante del vocablo han superado exponencialmente a su
tangible representación real. Cuántos de nosotros coincidimos con alguna de sus
acepciones semánticas. ¿En la actualidad el término justicia incluye a la
equidad, arropa dentro de su concepto a la distribución de la riqueza que
genera la sociedad, impulsa que el trabajo sea un derecho humano y social
inalienable, determina que ciertos privilegios constituyen un verdadero insulto
al colectivo? No me parece...
Nuestra justicia responde y protege
esencialmente a un establishment económico que no puede ni debe ser escrutado,
y para ello maneja sus tiempos legales de modo permitirse correr
convenientemente sus vendas cuando de decisiones cruciales se trata.
La justicia es un término banalizado y
como tal se lo utiliza solamente para lo particular y conveniente, nunca se lo
expone para lo universal y colectivo. ¿Nuestra actual justicia sirve como
herramienta para el logro de una sociedad justa? ¿Puede la justicia hacerse a
un lado, mantener grandes momentos de silencio, ante los injustos factores
limitantes existentes y que tiene al hombre material como sujeto de sufrimiento?
Mediante una simple acordada la Corte
Suprema de Justicia (7 ciudadanos) puede permitirse no pagar impuestos a los
ingresos elevados corriéndose del colectivo estableciendo para si un
privilegio, “vetando” omnímodamente una ley emanada del poder legislativo
(representantes del pueblo). ¿Desde qué lugar la Corte tiene entonces entidad
moral para administrar justicia si una de sus medidas cardinales es establecer
una prerrogativa particular que choca de frente con el derecho y las
obligaciones del resto de los compatriotas? Discutir la discrecionalidad que
ostenta el poder judicial forma parte del dilema y necesariamente debe formar
parte también del debate.
Las plumas más “prestigiosas” de nuestro
país sostienen que los hombres de a pie no estamos preparados, desde el
conocimiento, para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura y
que además dicha operatoria resultaría anticonstitucional. Esto último es
cierto en tanto y en cuanto no exista una ley que la trasforme en
constitucional, cuestión para lo cual se está trabajando. Una vez subsanado el
dilema, transformando dicha ausencia en presencia, ¿será capaz la Corte Suprema
de declarar inconstitucional un nueva norma emitida por el Congreso?. Con
relación al primer inciso bueno es destacar que la democracia participativa
estremece al establishment de modo que no podíamos esperar otra reacción de sus
personeros.
Hace un tiempo nos permitíamos inferir
desde este foro sobre la necesidad de reformar la constitución quitando de
plano el tema de la reelección. Nuestra idea se basaba en la necesidad de
incluir en ella todos los derechos conseguidos durante estos años y agregar un
tópico que constituciones de otros países disfrutan: la posibilidad de la
enmienda. Este es un mecanismo de operatoria sencilla por el cual se le permite
a las cartas magnas modernizarse sin tener la necesidad de reformas generales y
Congresos Constituyentes de carácter fundacional. Justicia también es darle
rango constitucional a los nuevos derechos, cuestiones que hace veinte o
treinta años no se vislumbraban como paradigmas sociales.
En una sociedad que se llena la boca
hablando de la justicia no se alcanza a percibir la magnitud del término en
cuanto a su contenido y continente. Para algunos la justicia está solamente
ligada a los delitos en contra de la propiedad y las personas, para otras tiene
íntima relación con los derechos adquiridos y la supuesta seguridad de sus
inversiones, sin embargo raramente observamos que se ligue a la justicia con la
equidad social, incluso cuando determinados gobiernos constitucionales,
populares, abogan por paradigmas igualitarios inmediatamente se los condenan
con eufemismos totalitarios siendo víctimas de fallos tan medievales como
tenebrosos. Cuando los pueblos comienzan a observar que el poder judicial muy
poco favor le hace al sentido humanista que debe tener una sociedad no existe
otro camino que repensarla y reformarla popularmente, propiciando un fuerte
debate colectivo en donde nadie debe quedar afuera. Pues bien parece que parte
de esa justicia, en sintonía con sus gestores mediáticos, pretende apartarnos
del controversia con relación al Consejo de la Magistratura.
Estimo que la lucha por democratizar la
justicia minimizará a la fatigosa lucha que venimos dando por democratizar los
medios. A nuestro modesto entender está última parecerá un simple debate menor
ante la virulencia y el poder de daño que tienen los tribunales. Será mucho más
compleja, detentará reacciones y
coerciones jurídicas de toda clase y tenor. No nos deberá extrañar la
multiplicación de fallos obstructivos y adversos, persecuciones judiciales a
funcionarios, reapertura de causas y demás herramientas que el establishment
judicial posee para limitar las acciones políticas tanto del ejecutivo como del
legislativo. Para el caso el grupo de los mil juristas, recientemente
congregado en la Biblioteca Nacional, puede formalizar un interesante
contrapoder dentro del poder real. De todas formas muy poco pueden hacer en
soledad; los de a pie debemos militar fervientemente junto a ellos en todos los
foros existentes, informándonos puntillosamente sobre cuestiones legales para
no ser sorprendidos en nuestra ignorancia. Incrementar nuestros saberes
jurídicos se constituye de aquí en más como un deber ciudadano para todo aquel
que se precie de tal. Cautelares, procesamientos, imputaciones, fallos,
apelaciones, instancias, recusaciones, incompetencias, conformación de las
cámaras, concursos, términos que debemos incluir en nuestro vocabulario desde
el conocimiento. Ser conscientes del reglamento para no ser embaucados por los
que manipulan ese reglamento de modo trapalonero.
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