Justicia


¿Qué es la justicia?. De qué hablamos cuando mencionamos tan pomposo término. Tengo la leve sospecha que el significado y el significante del vocablo han superado exponencialmente a su tangible representación real. Cuántos de nosotros coincidimos con alguna de sus acepciones semánticas. ¿En la actualidad el término justicia incluye a la equidad, arropa dentro de su concepto a la distribución de la riqueza que genera la sociedad, impulsa que el trabajo sea un derecho humano y social inalienable, determina que ciertos privilegios constituyen un verdadero insulto al colectivo? No me parece...



Nuestra justicia responde y protege esencialmente a un establishment económico que no puede ni debe ser escrutado, y para ello maneja sus tiempos legales de modo permitirse correr convenientemente sus vendas cuando de decisiones cruciales se trata.



La justicia es un término banalizado y como tal se lo utiliza solamente para lo particular y conveniente, nunca se lo expone para lo universal y colectivo. ¿Nuestra actual justicia sirve como herramienta para el logro de una sociedad justa? ¿Puede la justicia hacerse a un lado, mantener grandes momentos de silencio, ante los injustos factores limitantes existentes y que tiene al hombre material como sujeto de sufrimiento?



Mediante una simple acordada la Corte Suprema de Justicia (7 ciudadanos) puede permitirse no pagar impuestos a los ingresos elevados corriéndose del colectivo estableciendo para si un privilegio, “vetando” omnímodamente una ley emanada del poder legislativo (representantes del pueblo). ¿Desde qué lugar la Corte tiene entonces entidad moral para administrar justicia si una de sus medidas cardinales es establecer una prerrogativa particular que choca de frente con el derecho y las obligaciones del resto de los compatriotas? Discutir la discrecionalidad que ostenta el poder judicial forma parte del dilema y necesariamente debe formar parte también del debate.



Las plumas más “prestigiosas” de nuestro país sostienen que los hombres de a pie no estamos preparados, desde el conocimiento, para elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura y que además dicha operatoria resultaría anticonstitucional. Esto último es cierto en tanto y en cuanto no exista una ley que la trasforme en constitucional, cuestión para lo cual se está trabajando. Una vez subsanado el dilema, transformando dicha ausencia en presencia, ¿será capaz la Corte Suprema de declarar inconstitucional un nueva norma emitida por el Congreso?. Con relación al primer inciso bueno es destacar que la democracia participativa estremece al establishment de modo que no podíamos esperar otra reacción de sus personeros.



Hace un tiempo nos permitíamos inferir desde este foro sobre la necesidad de reformar la constitución quitando de plano el tema de la reelección. Nuestra idea se basaba en la necesidad de incluir en ella todos los derechos conseguidos durante estos años y agregar un tópico que constituciones de otros países disfrutan: la posibilidad de la enmienda. Este es un mecanismo de operatoria sencilla por el cual se le permite a las cartas magnas modernizarse sin tener la necesidad de reformas generales y Congresos Constituyentes de carácter fundacional. Justicia también es darle rango constitucional a los nuevos derechos, cuestiones que hace veinte o treinta años no se vislumbraban como paradigmas sociales.



En una sociedad que se llena la boca hablando de la justicia no se alcanza a percibir la magnitud del término en cuanto a su contenido y continente. Para algunos la justicia está solamente ligada a los delitos en contra de la propiedad y las personas, para otras tiene íntima relación con los derechos adquiridos y la supuesta seguridad de sus inversiones, sin embargo raramente observamos que se ligue a la justicia con la equidad social, incluso cuando determinados gobiernos constitucionales, populares, abogan por paradigmas igualitarios inmediatamente se los condenan con eufemismos totalitarios siendo víctimas de fallos tan medievales como tenebrosos. Cuando los pueblos comienzan a observar que el poder judicial muy poco favor le hace al sentido humanista que debe tener una sociedad no existe otro camino que repensarla y reformarla popularmente, propiciando un fuerte debate colectivo en donde nadie debe quedar afuera. Pues bien parece que parte de esa justicia, en sintonía con sus gestores mediáticos, pretende apartarnos del controversia con relación al Consejo de la Magistratura.



Estimo que la lucha por democratizar la justicia minimizará a la fatigosa lucha que venimos dando por democratizar los medios. A nuestro modesto entender está última parecerá un simple debate menor ante la virulencia y el poder de daño que tienen los tribunales. Será mucho más compleja,  detentará reacciones y coerciones jurídicas de toda clase y tenor. No nos deberá extrañar la multiplicación de fallos obstructivos y adversos, persecuciones judiciales a funcionarios, reapertura de causas y demás herramientas que el establishment judicial posee para limitar las acciones políticas tanto del ejecutivo como del legislativo. Para el caso el grupo de los mil juristas, recientemente congregado en la Biblioteca Nacional, puede formalizar un interesante contrapoder dentro del poder real. De todas formas muy poco pueden hacer en soledad; los de a pie debemos militar fervientemente junto a ellos en todos los foros existentes, informándonos puntillosamente sobre cuestiones legales para no ser sorprendidos en nuestra ignorancia. Incrementar nuestros saberes jurídicos se constituye de aquí en más como un deber ciudadano para todo aquel que se precie de tal. Cautelares, procesamientos, imputaciones, fallos, apelaciones, instancias, recusaciones, incompetencias, conformación de las cámaras, concursos, términos que debemos incluir en nuestro vocabulario desde el conocimiento. Ser conscientes del reglamento para no ser embaucados por los que manipulan ese reglamento de modo trapalonero.
















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